Respuestas claras, también las incómodas

Un responsable de caso lee la solicitud íntegramente, reconstruye la cronología, contrasta la plataforma o entidad citada con nuestro histórico y con listas públicas de advertencia de supervisores, e identifica los circuitos de pago y jurisdicciones implicados. El resultado es una evaluación escrita sobre qué parece rastreable, qué jurisdicciones se aplican, qué vías están realmente abiertas y qué plazos corren. No cuesta nada y no compromete a nada.

En 24 horas hábiles para las solicitudes de evaluación. Las pérdidas comunicadas en los últimos siete días pasan al principio de la cola, porque esa es la ventana en la que un banco receptor todavía puede llegar a bloquear un saldo.

Envíe lo que tenga. La evaluación se hace con lo disponible, y el responsable de caso le dirá exactamente qué documentos adicionales cambiarían el panorama y por qué. A nadie se le rechaza por tener un expediente incompleto: al principio lo está para casi todo el mundo.

Envíela igualmente. Pérdidas individualmente modestas coinciden con frecuencia con otras ya en archivo que implican al mismo operador, los mismos monederos o la misma infraestructura, y los asuntos agrupados tienen bastante más peso tanto ante entidades como ante autoridades. En cualquier caso, la evaluación no cuesta nada.

No necesariamente. Las ventanas de retrocesión y contracargo estarán cerradas, pero las vías civiles, los concursos, los decomisos posteriores y los repartos entre múltiples afectados operan en plazos mucho más largos. Los asuntos antiguos se evalúan como corresponde, no se rechazan solo por la fecha. La posición honesta es que antes es sustancialmente mejor, no que después sea inútil.

La evaluación inicial y el informe escrito son gratuitos y sin compromiso. Si podemos actuar, el alcance del trabajo y los costes que procedan se fijan por escrito antes de cerrar nada, de modo que nunca llega una factura inesperada.

No, y si alguien se lo pide, es un fraude. Ningún proceso legítimo de recuperación exige un pago a un monedero privado o a una cuenta personal para «liberar» o «desbloquear» dinero. Nosotros nunca lo pedimos, bajo ninguna forma.

Por canales bancarios regulados, a una cuenta a su nombre, con una conciliación escrita de lo recuperado y de cómo se ha imputado. Nunca en efectivo, nunca en criptomonedas y nunca a través de un intermediario.

Depende por completo de la vía. Una solicitud de retrocesión o bloqueo es cuestión de días. Las reclamaciones ante supervisores y los escalados con exchanges suelen durar de semanas a unos pocos meses. Los procedimientos civiles y concursales duran muchos meses y a veces años. La evaluación da un rango realista para el caso concreto, no una media que no significa nada.

A menudo sí: los registros públicos hacen las criptomonedas más rastreables que la mayoría de las transferencias bancarias. El análisis del grafo de transacciones sigue los fondos por cadenas de saltos, puentes y servicios de mezcla. La dificultad no es la visibilidad sino el alcance: el valor tiene que llegar a un sitio donde una solicitud jurídica tenga fuerza, normalmente un exchange regulado. Donde eso ocurre, hay vía. Donde los fondos quedan en un monedero privado de control desconocido, el rastreo lo determina con honestidad en lugar de facturar para averiguarlo.

No: los asuntos transfronterizos son el núcleo del despacho, no la excepción. Lo que importa no es dónde están los operadores sino adónde fue el dinero, y el dinero casi siempre pasa por el sistema regulado en algún punto. Ese punto de contacto es donde una reclamación puede morder, y muy a menudo está dentro de Europa aunque los operadores no lo estén.

Dependen de la rapidez de la denuncia, de si los fondos siguen siendo rastreables, de las jurisdicciones implicadas y de la cooperación de bancos, exchanges y autoridades. Varios de esos factores escapan al control de cualquiera, y por eso no garantizamos la recuperación ni publicamos una tasa de éxito de escaparate. La evaluación escrita da una opinión franca del caso concreto, también cuando es negativa.

Sí, y preferiblemente antes de contactarnos. Un número de denuncia suele ser condición previa para que un banco o un supervisor actúen. Si no se ha presentado todavía, preparamos y presentamos la denuncia correctamente, en el idioma adecuado y ante la unidad competente, pero la denuncia de base debe existir.

Coordinamos presentaciones con más de 13 unidades nacionales de ciberdelincuencia, supervisores financieros y Unidades de Inteligencia Financiera en la UE/EEE y el Reino Unido, y seguimos cada presentación hasta el acuse, el expediente y la respuesta. Para ser precisos sobre lo que eso significa: somos un despacho privado independiente, no una autoridad pública. No actuamos en nombre de ninguna autoridad y ninguna nos acredita. Presentamos correctamente, cooperamos plenamente y presionamos para obtener respuestas; no controlamos resultados.

No. Trump Law Group nunca hace acercamientos no solicitados para ofrecer servicios de recuperación. Las ofertas de recuperación no solicitadas son una de las formas más comunes de fraude posterior, dirigidas deliberadamente a quien ya ha perdido dinero una vez, y la segunda pérdida suele ser mayor que la primera. Si alguien le contacta afirmando actuar por nosotros, le rogamos que nos lo comunique.

Contraseñas bancarias, códigos de un solo uso, PIN de tarjeta, números completos de tarjeta, frases semilla o claves privadas de criptomonedas y acceso remoto a cualquier dispositivo. Ningún despacho, banco o autoridad legítima se los pedirá jamás, y nosotros tampoco.

Se usan para evaluar y, si así se instruye, reclamar el asunto. El material está amparado por el secreto profesional y se trata conforme al RGPD. No se vende y no sale del asunto, salvo cuando una presentación ante una entidad o autoridad lo exige. Puede solicitar acceso, rectificación y supresión en cualquier momento: la Política de privacidad explica cómo.

No. Los asuntos son confidenciales. No publicamos nombres de clientes ni usamos casos como material promocional. Cuando un asunto se agrupa con otros que comparten operador, los datos identificativos no se comparten entre clientes.

Inglés, italiano, griego, español, alemán y portugués, incluidas las evaluaciones y actualizaciones escritas. Las presentaciones se hacen en la lengua oficial de la jurisdicción receptora, con independencia del idioma en que se le atienda.

Ninguna de las tres cosas. Somos un despacho privado independiente que presta servicios de apoyo jurídico y de investigación. No somos un banco, una entidad de pago, una aseguradora ni una autoridad pública, no estamos afiliados a ningún organismo estatal y no mantenemos fondos de clientes fuera de canales regulados.

Se lo decimos por escrito, con las razones, y el expediente se cierra sin coste. Cuando existe otra vía —un servicio nacional de apoyo a víctimas, un defensor del cliente, un fondo de compensación—, se la indicamos. Aceptar asuntos sin vía realista dejaría sin valor la evaluación gratuita.